Caso Lazcano: cuestionan la prisión domiciliaria de la imputada
El abogado querellante en la causa por el crimen de Cecilia Lazcano cuestionó que la adolescente de 17 años, hija de un policía y una funcionaria municipal, cumpla arresto domiciliario en Santo Tomé mientras su coimputado permanece en un centro de contención en Corrientes.

El proceso judicial por el crimen de Cecilia Lazcano volvió a poner en discusión los alcances del nuevo Régimen Penal Juvenil y las medidas cautelares dispuestas para los dos adolescentes imputados. El abogado querellante, Juan Saucedo, planteó sus objeciones en diálogo con LT7.
Los dos sospechosos —un joven de 16 años y su novia de 17— están imputados como coautores de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso de dos o más personas. El varón permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de Corrientes.
El límite de los 15 años de condena
Según explicó Saucedo, si los imputados fueran mayores de edad la calificación del delito derivaría en una pena de prisión perpetua. Al aplicarse de forma retroactiva el nuevo régimen penal juvenil, por considerarse la norma más benigna, la condena máxima que podrían recibir queda fijada en 15 años de prisión.
"La baja de la edad o el nuevo régimen no vino a solucionar el problema de la impunidad de los menores, sino a complicarlo aún más", sostuvo el letrado, para quien la norma otorga más alternativas a jóvenes que, según su lectura, eran conscientes de lo que hacían.
El abogado señaló que las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas a ambos adolescentes concluyeron que comprendían la criminalidad de sus actos. Sin embargo, cuestionó que esos informes se hayan basado en "entrevistas simples", sin un análisis más profundo orientado a detectar rasgos de manipulación.
Cuestionamientos a la domiciliaria en Santo Tomé
Las críticas más fuertes de la querella apuntaron a la situación procesal de la menor de 17 años, hija de un sargento de la Policía de Corrientes y de una funcionaria municipal de Alvear. Según sostiene la parte querellante, existiría un trato preferencial vinculado a influencias familiares en el ámbito local, algo que hasta el momento no fue confirmado por otras fuentes del expediente.
La joven tenía inicialmente una medida que solo le impedía ingresar a Alvear. Esa disposición fue revocada y se le concedió el arresto domiciliario bajo responsabilidad de su madre en Santo Tomé.
- No se le prohibieron las comunicaciones, según planteó la querella.
- No hay, de acuerdo al abogado, un control estricto de visitas.
- La joven continuaría con su rutina habitual dentro de la vivienda.
"Es una pseudoprisión. Sigue haciendo su vida normal dentro de una casa y recibiendo gente como si nada hubiese pasado", cuestionó Saucedo, quien reclamó que la adolescente sea alojada en una institución de contención en igualdad de condiciones respecto de su coimputado.
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