Tapebicuá al borde de la quiebra: 500 empleos en vilo

La Forestadora Tapebicuá, uno de los aserraderos más importantes de Corrientes, está cada vez más cerca de la quiebra y liquidación definitiva. La planta, ubicada en Gobernador Virasoro, dejó de operar el 11 de agosto del año pasado y desde entonces no retomó actividad industrial, dejando en vilo a más de 500 trabajadores.

Un proceso productivo completo, hoy detenido

La empresa concentraba en su planta todo el circuito de producción maderera: gestión forestal, ingreso de madera, descortezado y trozado de rollos, hasta la fabricación de casas de madera. Entre sus productos se destacaban:

• Decks, pisos, tablas y tirantes de madera
• Compensados fenólicos y film face
• Otros derivados forestales de alto valor agregado

Salarios recortados y un acuerdo vencido

Durante los primeros meses tras el cierre, la compañía sostuvo un esquema de pagos parciales para retener a su personal, que llegó a cobrar el 60% del sueldo habitual. Ese mecanismo se mantuvo por más de seis meses, pero ya se discontinuó por completo.

Según fuentes gremiales, un trabajador promedio percibía alrededor de 800 mil pesos mensuales con ese esquema reducido, aunque el grueso del personal cobraba entre 400 y 500 mil pesos. El acuerdo entre la empresa y el sindicato venció hace meses y no hubo nuevas comunicaciones formales con los empleados desde entonces.

Cambio de dueño, concursos judiciales y un embargo que ahoga

En medio de la parálisis, la controlante de Tapebicuá, Celulosa Argentina, cambió de manos: el financista Esteban Nofal asumió el control de la compañía e inyectó capital para reactivarla, aunque sin fondos destinados a reabrir las operaciones industriales de Tapebicuá.

El nuevo propietario impulsó, además, dos concursos de acreedores por separado: uno para Celulosa Argentina y otro para Tapebicuá, firma que forma parte del Grupo Tapebicuá y que desarrolla actividad forestal en Corrientes con dos aserraderos y una planta de compensados. Si bien el concurso busca reordenar los pasivos, suele ser también el paso previo a una quiebra y cierre definitivo.

A esto se suma un embargo judicial por una deuda que el año pasado ascendía a $170 millones, reclamada por el Sindicato de Trabajadores de la Madera, que la empresa señala como un obstáculo central para poder afrontar los pagos pendientes.

El parate no solo golpea al aserradero: también afecta a proveedores, transportistas y contratistas de toda la región. La reactivación de la planta dependerá de que se destraben los acuerdos judiciales y financieros necesarios para levantar el embargo y conseguir capital de trabajo, en un contexto de mercado interno deprimido y fuerte competencia internacional.